Guerra de baja intensidad en Chiapas: Terrorismo de Estado y paramilitares

Desde noviembre pasado, un cierto número de organizaciones y asociaciones europeas que siguen desde hace tiempo la evolución de la situación en Chiapas expresaban su preocupación frente a la recrudescencia de la violencia orquestada por grupos paramilitares en contra de comunidades indígenas de Chiapas. El ataque perpetrado contra la comunidad de Viejo Velasco Suárez, que ocasionó 4 muertos y varias desapariciones debería haber alertado sobre la urgente necesidad de promover mediante el dialogo una solución que termine con los conflictos cuyo origen principal reside en una injusta política de accesión a la tierra. Sin embargo, al adoptar una actitud parcial e indulgente hacia los agresores, las autoridades han demostrado una vez más que han escogido su bando.

Desde ese entonces, se multiplican los ataques y las amenazas de expulsión que afectan a veces a comunidades enteras. Estos hechos conciernen principalmente zonas en las cuales, en ausencia de política agraria, las tierras han sido ocupadas por campesinos indígenas en 1994 al momento del levantamiento zapatista.

Durante todo este periodo, los sucesivos gobiernos no han escatimado esfuerzos para recuperar esas tierras, en su gran parte administradas por las Juntas de Buen Gobierno que funcionan en el seno de las comunidades zapatistas. Todas las estrategias utilizadas para recobrar el control de esas tierras, que se trate de reagrupamiento municipal, de la distribución clientelista de proyectos de desarrollo o de la implementación de programas de parcelización de tierras colectivas (PROCEDE), han tenido como consecuencia que se ahonde la división entre las comunidades. Frente al fracaso de las políticas institucionales, las autoridades han recurrido a los grupos paramilitares, que no dudan en administrar a sangre y fuego las zonas bajo su control. Escondiendo su verdadera naturaleza bajo siglas diversas (MIRA, Chinchulines, OPDDIC, UCIAF, Paz y Justicia, URCI, etc.), lo que les confiere el carácter legal de organizaciones que obran por el desarrollo comunitario, ciertos de esos grupos reciben subsidios del gobierno, y gozan de protección de la parte de personalidades políticas a cuyos intereses sirven, las cuales a cambio les garantizan impunidad por los estragos y crímenes cometidos.

La actividad de los grupos paramilitares, que se ha notablemente amplificado desde la elección del nuevo gobierno estatal chiapaneco (un mes después de las elecciones federales, en julio pasado) se acompaña de un aumento de la presencia federal. Desde hace varios meses, tanto las comunidades zapatistas como grupos de observadores presentes en la región han señalado numerosas incursiones militares, bajo pretexto de combate al narcotráfico. Recientemente, las denuncias de entrenamiento de grupos paramilitares en las cercanías de los cuarteles de las fuerzas armadas se han multiplicado.


Conocida desde 1998 por su colusión con las fuerzas armadas y su implicación en diversos conflictos que han sacudido la región de Ocosingo y Altamirano, la OPDDIC a intensificado desde hace tiempo sus actividades belicosas y extendido su área de actividades a varias comunidades integradas a diferentes municipios autónomos zapatistas de la región. Desde hace algunas semanas, estos no han parado de denunciar las agresiones y los actos de intimidación de parte de los miembros de la OPDDIC: ganado suelto en sus campos de cultivos; agresiones contra las mujeres cuando volvían de buscar leña; retenes para impedir a los habitantes de las comunidades el acceso a sus parcelas y la irrupción de hombres armados en las comunidades para provocar la huída de los habitantes…

Como eco a la ofensiva de la OPDDIC, otras organizaciones paramilitares han reanudado operaciones. Operando principalmente en la zona norte del estado, la URCI es una excrecencia de la descomposición del grupo paramilitar Paz y Justicia, cuyos hechos de armas en el transcurso de los últimos 12 años han causado masacres, asesinatos y el desplazamiento de miles de personas que aún no han podido reintegrar sus comunidades de origen.

Envalentonados por el clima de impunidad que el regreso al poder de personajes afines a sus métodos les deja suponer y seguros del apoyo activo del ejército ahí presente, los paramilitares de la Zona Norte hacen presión actualmente por la amnistía de varios dirigentes de Paz y Justicia presos por haber sido reconocidos culpables de numerosos hechos de violencia.

En el pasado reciente, las amenazas de expulsión proferidas contra las comunidades instaladas dentro o al límite de la reserva de Montes Azules llevó los zapatistas a organizar la reinstalación de varias comunidades más cerca de las comunidades autónomas para asegurarles protección y evitar enfrentamientos.

En esta medida, la amenaza del uso de la fuerza para expulsar las bases de apoyo zapatistas de las tierras de conflicto, lanzada a mediados de noviembre por Pedro Chulín Jiménez, dirigente de la OPDDIC y diputado suplente del PRI de la región de Ocosingo, constituye un desafío al EZLN. Esta provocación abierta tiene como fin que se dé una situación de violencia que rindiendo obsoleta la ley por el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, podría incitar el gobierno a justificar una intervención armada con el fin de mantener el orden.

Hoy se ve cada vez más claro que las actuaciones de los grupos paramilitares se inscriben en la continuidad de una lógica de guerra de baja intensidad promovida por los representantes de grandes intereses políticos y económicos.

Frente a esas amenazas, la opinión publica internacional no puede quedarse muda y sin reacción.

Denunciamos enérgicamente esta lógica que privilegia deliberadamente el enfrentamiento en detrimento del dialogo como solución del conflicto y la represión como respuesta a las aspiraciones legítimas de las comunidades a la autodeterminación. Nos movilizaremos para expresar nuestra solidaridad con las comunidades amenazadas de expulsión.
Conscientes de la grave implicación de las autoridades mexicanas en la instrumentalización de los grupos paramilitares, las consideramos directamente responsables de los ataques que buscan provocar una escalada de violencia y las consecuencias trágicas que llevaría una intervención militar en Chiapas.

En Paris,

Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte (CSPCL), France Amérique Latine (FAL), Tamazgha (association berbères), Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques (CSIA-NITASSINAN)